SANTO DOMINGO. Un trabajador que gana RD$100,000 al mes y completa sus cotizaciones recibe hoy una pensión proyectada de apenas RD$25,000, una cuarta parte de su salario. Esa es la cifra que el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza puso sobre la mesa el martes 20 de octubre al someter en el Congreso un proyecto de Ley Orgánica del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que busca sustituir la Ley 87-01 y llevar la pensión hasta entre el 60% y el 70% del salario cotizable.
La propuesta ataca por dos vías el bolsillo del afiliado: más ahorro y menos comisión. La comisión máxima de las AFP bajaría del 0.90% vigente al 0.85% del saldo administrado en 2027, y seguiría descendiendo 0.05 puntos porcentuales cada año hasta llegar al 0.40% en 2036. Al mismo tiempo, la proporción del salario destinada a la cuenta individual subiría gradualmente del 8.40% al 13.90% en 2036, y cada vez que aumente el aporte del trabajador, el empleador deberá incrementar el salario en el mismo porcentaje.
Los números que sustentan la iniciativa, tomados de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), son el centro del debate: las AFP ganaron RD$5,933.8 millones en 2025, con una rentabilidad sobre su patrimonio del 24.9%, frente al 17.7% de la banca múltiple. Sus gastos de funcionamiento ascendieron a RD$7,198.4 millones ese año, es decir, 62 de cada 100 pesos cobrados en comisiones se fueron en gastos, cuando en 2020 eran 48. El proyecto responde con una comisión única máxima que incluiría administración, inversión y custodia, un tope del 10% de los ingresos por comisiones para el gasto comercial y la obligación de publicar trimestralmente ingresos y gastos en datos abiertos, además de divulgar mensualmente los pagos a sus directivos.
En salud, la iniciativa elimina los copagos en emergencias, prevención, embarazo y parto y para enfermedades catastróficas, crea el Fondo de Medicamentos y Productos Sanitarios de Alto Costo (FOMAC) sin copago, actualiza cada año el catálogo de medicamentos y abre el plan de salud y el fondo a todos los pensionados, incluidos los del régimen de reparto. También protege la cobertura cuando el empleador cae en mora y la mantiene 60 días después de perder el empleo. Para las ARS, los gastos administrativos, comerciales y con empresas vinculadas no podrán superar el 10% del per cápita, y lo que exceda deberá devolverse con recursos propios.
«El ahorro de las pensiones es de los trabajadores, no de quienes lo administran. Las AFP pueden tener un negocio razonable, pero no a costa de pensiones más bajas», afirmó Genao al presentar la iniciativa, que resumió en tres ideas: «más pensión, menos comisión y cero privilegios». El proyecto deberá seguir el proceso legislativo en el Congreso antes de convertirse en ley.
Con información de El Caribe, Noticias SIN, Infobae y El Nuevo Diario.