El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este miércoles por un año el régimen de sanciones contra Haití, que incluye la congelación de activos, prohibiciones de viaje y un embargo de armas, con el objetivo de frenar la violencia de las pandillas que azota al país vecino.
La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, obtuvo 14 votos a favor y la abstención de Rusia. El Consejo también prorrogó durante trece meses el mandato del Grupo de Expertos encargado de supervisar la aplicación de las sanciones.
La representante adjunta de Estados Unidos, Jennifer Locetta, respaldó la renovación de las sanciones y el embargo de armas, aunque señaló que el embargo contempla excepciones para las fuerzas de seguridad que operan bajo el mando del Gobierno haitiano.
Por su parte, el representante panameño, Eloy Alfaro de Alba, destacó que la aplicación efectiva del embargo de armas es "una herramienta crucial para frenar la violencia y cortar el suministro que alimenta el conflicto", aunque lamentó que no se alcanzara consenso para incluir a más personas en la lista de sancionados.
Rusia, que se abstuvo en la votación, rechazó las acusaciones de que Moscú busque proteger a funcionarios corruptos y consideró que el actual régimen de sanciones es "ineficaz".
El régimen de sanciones fue establecido en octubre de 2022 contra personas y entidades que amenacen la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití. En octubre de 2023, el Consejo amplió el embargo de armas para abarcar todo el territorio haitiano, y en octubre de 2025 prorrogó las medidas incorporando a dos personas a la lista.
El nuevo texto introduce un cambio respecto a los anteriores: el Consejo se declara "preocupado por las informaciones que dan cuenta de malversaciones, abusos de confianza y desvíos de fondos públicos", y advierte que quienes participen en la explotación o el comercio ilícito de recursos naturales que desestabilicen Haití podrían enfrentar prohibiciones de viaje y sanciones financieras.
Para la República Dominicana, que comparte la isla con Haití, la estabilidad del vecino es un asunto de seguridad nacional: la violencia de las bandas, los secuestros y el tráfico de armas tienen repercusiones directas en la frontera y en la región.
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