El exmandatario se reunió con arroceros en Jima, La Vega, y anunció un equipo técnico de la Fuerza del Pueblo
El expresidente Leonel Fernández llamó a la unidad nacional para proteger la producción arrocera ante los desafíos del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), durante un encuentro celebrado este sábado con representantes del sector arrocero en Jima, provincia La Vega.
«Nosotros, los dominicanos, tenemos que unificarnos todos para buscar la mejor solución que vaya en protección a los productores de arroz de la República Dominicana», expresó el presidente de la Fuerza del Pueblo, quien llegó al país la mañana del sábado procedente de México.
Fernández cuestionó la forma en que el Gobierno abordó las preocupaciones de los productores durante una reciente reunión en el Palacio Nacional, donde —según explicó— se les presentaron medidas sin un proceso previo de consulta. «Pienso que el error del encuentro en el Palacio consistió en que ustedes fueron llamados para decirles qué es lo que hay que hacer. Así no funciona, porque es una decisión de arriba hacia abajo», manifestó.
El exmandatario insistió en que las soluciones deben construirse escuchando directamente a los agricultores y anunció que propondrá la conformación de un equipo técnico de la Fuerza del Pueblo para recoger las propuestas de los productores y contribuir a una respuesta nacional.
También planteó mejorar la productividad mediante mecanización, incorporación de tecnología, capacitación y acceso a financiamiento, aunque advirtió que esas medidas requieren recursos y planificación concreta. Cuestionó además que el Gobierno anunciara un fondo especial sin precisar su monto ni calendario de ejecución, y afirmó que el presupuesto del sector agropecuario para 2027 es inferior al de 2026. «En una situación donde se requiere más, le están dando menos», expresó.
Durante el encuentro, el productor Marino Gómez advirtió que en Jima se cultivan unas 181,000 tareas de arroz y que la desaparición de esa actividad afectaría la economía de la zona y la seguridad alimentaria nacional. Denunció que en 2024 ingresaron al país cerca de 4.2 millones de quintales de arroz, lo que saturó las factorías y dificultó vender la producción local, además de la carga tributaria y el alza de los insumos que enfrentan los pequeños agricultores.