El PLD lleva al Congreso su exigencia de interpelar a Faride Raful y al director de la Policía por las muertes en "intercambios de disparos"

El partido opositor considera preocupante el número de personas abatidas en operativos policiales y pide explicaciones formales ante el Congreso Nacional. Temístocles Montás encabezó este lunes la rueda de prensa en la que la organización definió su posición sobre las actuaciones de la Policía.

Congreso Nacional de la República Dominicana (foto de archivo)

Santo Domingo. — El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió este lunes al Congreso Nacional interpelar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, por lo que calificó como el "elevado número" de personas que continúan muriendo en supuestos intercambios de disparos con agentes del orden.

"No estamos ante un asunto exclusivamente policial, estamos frente a una cuestión que compromete principios esenciales", declaró el vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, durante una rueda de prensa en la Casa Nacional del partido, donde estuvo acompañado por el también vicepresidente Iván Lorenzo y otros dirigentes.

"Lo que estamos planteando es la interpelación. Que el Congreso (los) interpele", expresó Montás, en una línea que sitúa la discusión en el terreno de la fiscalización legislativa.

Sede del Congreso Nacional dominicano (foto de archivo)

En su documento, el PLD sostiene que las constantes muertes en intervenciones policiales evidencian "un comportamiento cuestionable" en el cuerpo del orden y que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una práctica de "eliminación física de personas consideradas delincuentes". Según las informaciones de prensa citadas por la organización, solo en septiembre se registraron 55 muertes clasificadas como actuaciones policiales.

Montás aclaró que el partido reconoce el derecho de los agentes a proteger sus vidas y la de terceros cuando enfrentan amenazas reales, pero subrayó: "esa facultad no constituye una autorización para matar a personas que no representan una amenaza inmediata". Y fue tajante: "Una persona que se rinde debe ser detenida y puesta a disposición de la justicia, nunca ejecutada".

El dirigente invocó el artículo 37 de la Constitución, que declara inviolable el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte: "La sociedad dominicana tiene derecho a vivir sin miedo a los delincuentes, pero también tiene derecho a vivir sin miedo a quienes portan armas en nombre del Estado".

Entre sus exigencias, el PLD pidió al presidente Luis Abinader emitir una instrucción pública a los agentes ordenando el respeto a la vida —"ninguna persona rendida, detenida o bajo control policial puede ser objeto de fuerza letal injustificada"—, que el Ministerio Público garantice investigaciones independientes sobre todas las muertes en intervenciones policiales y que la Procuraduría publique estadísticas periódicas sobre estos casos. También propuso fortalecer la reforma policial con profesionalización, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas. "La impunidad reiterada puede convertirse en una forma de autorización del hecho", advirtió Montás.

Fuente: Listín Diario (19 de octubre de 2026), con declaraciones del vicepresidente del PLD, Temístocles Montás.