Santo Domingo.– El arroz de cada día se convirtió en asunto de Estado. El Gobierno dominicano aseguró este lunes que la defensa del grano nacional frente a la competencia de Estados Unidos "es un tema sensible que atañe directamente a la seguridad nacional" del país.
La declaración la hizo el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Daniel Peña, quien participa en París en las jornadas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dedica a la República Dominicana.
"El Gobierno dominicano reconoce que el arroz es un tema sensible para nosotros, que atañe directamente a la seguridad nacional y a la seguridad alimentaria. Por eso tratamos este rubro con la importancia debida", afirmó Peña en declaraciones a la agencia EFE.
El sector arrocero atraviesa un momento de tensión: llegó a la fase final de la desgravación arancelaria para el arroz procedente de Estados Unidos, una disposición incluida en el DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
Frente a ese escenario, el Gobierno anunció el pasado viernes una serie de medidas para que la estructura arrocera dominicana no quede desprotegida: mejoras en los sistemas de riego y drenaje, así como en los caminos rurales de las zonas productoras.
El viceministro reconoció que, de acuerdo con el pacto comercial, "corresponde aplicar" los plazos del desmonte arancelario, pero aseguró que "se gestionará de la mejor manera posible para evitar cualquier desbalance del cual tengamos que lamentar consecuencias".
Un sector que pesa en la economía
Los números explican por qué el arroz se trata como seguridad nacional. La producción dominicana de arroz blanco pasó de aproximadamente 9.2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14.8 millones en 2025, y la productividad alcanzó los 5,477 kilogramos de arroz paddy por hectárea el año pasado.
El sector agrupa a unos 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos en todo el país, según datos del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).
Con información de EFE.