El sistema penitenciario dominicano opera con más presos de los que puede albergar: el 65% de las personas privadas de libertad permanece en prisión preventiva, es decir, encerradas sin una condena definitiva en su contra.
Así lo revela un informe elaborado en 2025 por la Oficina Nacional de Defensa Pública, que documenta una ocupación del 142.26%: la capacidad instalada es de 16,357 plazas, pero la población recluida alcanza las 23,270 personas, un excedente de 6,913 internos sobre la capacidad real.
De los 23,270 internos contabilizados, 15,025 figuraban bajo la medida de prisión preventiva. La Defensa Pública advierte que esta proporción, una de las más altas de los últimos años, refleja el uso persistente de esa medida cautelar más allá de su carácter excepcional, con consecuencias sobre el debido proceso y la presunción de inocencia.
El hacinamiento afecta a aproximadamente la mitad de los recintos, principalmente los del antiguo modelo carcelario. Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que numerosos privados de libertad duermen en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como "goletas".
El informe también documenta deficiencias en los servicios de salud, falta de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención de la salud mental, carencias alimentarias, problemas de agua potable y escasez de vehículos para traslados judiciales y hospitalarios.
Como casos críticos, señala la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, con insalubridad, humedad, deterioro estructural y plagas, y la fortaleza José María Cabral y Luna, de San Juan de la Maguana, que albergaba 482 internos, cerca del triple de su capacidad, con personas durmiendo en el suelo.
La población penitenciaria es mayoritariamente masculina: 22,563 hombres (96.96%) y 707 mujeres (3.04%). La Defensa Pública pidió políticas diferenciadas para las mujeres y atención especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal.
El organismo también reconoció avances: el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos centros y las gestiones para un nuevo centro de adolescentes en La Vega.
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